02 febrero 2012

Los ayuntamientos madrileños se pelean por la economía de casino de Las Vegas

Ecologistas en Acción considera sorprendente que varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid se hayan ofrecido para albergar el macroproyecto de Las Vegas-Madrid. Esta circunstancia evidencia dos cuestiones muy preocupantes. Por una parte, los ayuntamientos apoyan la explotación laboral que supondría admitir los cambios normativos solicitados por el magnate americano. Por otro lado cuentan con enormes bolsas de suelo urbanizable, actualmente sin uso, que se reclasificaron utilizando argumentos falsos como la necesidad de viviendas.      

Hasta el momento son seis los ayuntamientos que se han ofrecido para albergar el macroproyecto de Las Vegas-Madrid: Madrid, Alcorcón, El Molar, Navalcarnero, Getafe y Leganés. Estos dos últimos han sido desvelados por la Presidenta Esperanza Aguirre. Estos municipios cuentan con importantes bolsas de suelo urbanizable, en su mayoría público, que fue reclasificado con la excusa de la necesidad de construcción de vivienda. Madrid cuenta con 19,3 millones de metros cuadrados en Valdecarros, zona propuesta; Alcorcón con unos 8 millones de metros cuadrados en el Distrito Norte, zona que ha ofrecido el ayuntamiento; El Molar cuenta con 2,3 millones de metros cuadrados en el SAU-21; Navalcarnero ofrece 9 millones de metros cuadrados; Leganés tiene 8,6 millones de metros cuadrados y Getafe con 16 millones de metros cuadrados. Ahora todo este suelo, que ha perdido su valor y se reclasificó en base a una demanda ficticia, busca albergar el uso que sea con tal de movilizar terrenos y ponerlos en valor.     

El caso de El Molar es algo diferente, los suelos que cede el Ayuntamiento ni siquiera son de su propiedad. En el SAU 21, con una superficie de 233 ha, estaba previsto la construcción de 8.800 viviendas, en un municipio que contaba, en 2005 cuando se aprobó, con 5.133 habitantes (actualmente 7.973 habitantes). Las principales promotoras y propietarias del suelo son Martinsa-Fadesa, Realia y Reyal, gravemente afectadas por la caída del sector inmobiliario. Sin embargo desde 2009, la aprobación definitiva del SAU 21 está anulada por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y aunque fue recurrida por la Comunidad de Madrid, los suelos han recuperado su carácter rústico. Los altos niveles de ruido, debido al sobrevuelo de aviones fue el motivo por el cual el Tribunal anuló la reclasificación del sector.      

Por otra parte, Ecologistas en Acción considera inexplicable que hasta cinco ayuntamientos de la región apoyen la explotación laboral que supondría la modificación del régimen laboral que pide el promotor del proyecto, Sheldom Adelson.      

El proyecto supondría, además crear un paraíso fiscal, al eximir, esta zona, de casi cualquier obligación fiscal. La propuesta es tan aberrante que el propio Ministro de Hacienda ha salido al paso negando que se vaya a permitir las modificaciones legales requeridas.

A juicio de Ecologistas en Acción, el beneplácito de hasta seis ayuntamientos de la región pone en evidencia el criterio del “todo vale” que ha caracterizado la gestión municipal en los años del boom inmobiliario. Con un nuevo exceso pretenden resolver los abusos de la especulación urbanística que ha dejado los municipios madrileños saturados de enormes bolsas de suelo pero, vacías, las arcas municipales.

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