Ante el apoyo a la instalación del proyecto
Euro Vegas en Alcorcón, manifestado por el alcalde de nuestro
municipio David Pérez, diversos colectivos y personas
(Coordinadora de Asambleas Obreras del Sur, Ecologistas en Acción
del Suroeste de Madrid,…) inquietas por las repercusiones
negativas que esta decisión podría tener, proponemos la
celebración de una reunión o asamblea el próximo jueves
16 de febrero a las 20:00 horas en el Centro Social Okupado
Eskuela Taller (Pza. Santa María de Ortigueira s/n) para
aunar conocimientos y fuerzas y coordinarnos a nivel local o
regional para poner freno a esta amenaza.
El proyecto de Las Vegas en Madrid es un ejemplo de que, en plena crisis, España se configura como destino de inversiones apoyadas por los poderes públicos, siendo tratada por las empresas trasnacionales como un emergente país del Sur.
Estamos ante una inversión de entre 15 y 18 mil millones de euros para un macro complejo de ocio y juego previsto para consumidores foráneos (están previstos unos 10 millones de turistas). Para llevar a cabo esta inversión, la empresa promotora, Las Vegas Sands, exige una suerte de “estado de excepción” legal en materia urbanística, laboral y fiscal basada en la modificación de leyes en los tres niveles de la administración, que incluirían cambios en:
- El Plan General de Ordenación Urbana, para instalar el complejo de ocio y juego, exigiendo la cesión gratuita del suelo público o que expropie el suelo necesario que esté en manos privadas para la edificación. Además, se exige el diseño de infraestructuras (aeropuerto, AVE, más carreteras,…) que permitan un rápido y fácil acceso al complejo por parte de los turistas.
- El Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería, con el fin de precarizar las relaciones laborales y dar un trato preferente en la contratación precaria de fuerza de trabajo extranjera.
- La Ley de Seguridad Social y las leyes que regulan los impuestos de actividades económicas, sociedades, sobre la renta, sobre el juego o sobre construcciones, para conseguir la exención de todos los impuestos durante al menos dos años.
- La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, para facilitar este en los casinos, y la Ley de Enjuiciamiento Civil, para evitar problemas legales por las deudas de juego.
- Además, se exige una ley que declare el proyecto como de interés autonómico y le otorgue la exclusividad del negocio y otras ventajas fiscales por 10 años, autorice licencias sin concurso y cree un régimen de juego y comercial excepcional.
- Asimismo se pide la anulación de la Ley antitabaco y permitir la entrada de menores de edad a los casinos.
Al igual que sucede con los discursos que legitiman el establecimiento de maquilas en los países del Sur, el “chantaje del empleo” es la idea que con más fuerza las administraciones pretenden instalar para evitar resistencias. Sin embargo, no hay ni una palabra de la calidad de estos supuestos trabajos: ¿temporalidad? ¿derechos laborales y sindicales? ¿salarios? ¿cualificación? Además, se omiten los impactos locales (construcción de infraestructuras que aumentarían la contaminación, destrucción de condiciones naturales del entorno,…) y no se habla del aumento exponencial de las necesidades de recursos como el agua y de la generación de residuos, que profundiza un modelo de turismo, transporte y construcción insostenibles.
La propuesta que nos hacen para salir de la crisis, es profundizar en el avance del capitalismo salvaje, usando recursos comunes y bienes públicos para hacer negocios privados, deteriorando además el medio ambiente. Por eso no queremos este tipo de proyectos, ni en Alcorcón ni en ninguna parte del mundo. No se puede salir de la crisis profundizando en el modelo que nos condujo a ella. Es necesaria una transformación radical de los procesos socioeconómicos y ajustarlos a las necesidades básicas sociales y las posibilidades de la biosfera. Por todo ello es necesario juntarnos todas las voces críticas con este proyecto, para evitar que esta amenaza a los ámbitos legales, laborales, fiscales, ambientales,… se haga realidad.
El proyecto de Las Vegas en Madrid es un ejemplo de que, en plena crisis, España se configura como destino de inversiones apoyadas por los poderes públicos, siendo tratada por las empresas trasnacionales como un emergente país del Sur.
Estamos ante una inversión de entre 15 y 18 mil millones de euros para un macro complejo de ocio y juego previsto para consumidores foráneos (están previstos unos 10 millones de turistas). Para llevar a cabo esta inversión, la empresa promotora, Las Vegas Sands, exige una suerte de “estado de excepción” legal en materia urbanística, laboral y fiscal basada en la modificación de leyes en los tres niveles de la administración, que incluirían cambios en:
- El Plan General de Ordenación Urbana, para instalar el complejo de ocio y juego, exigiendo la cesión gratuita del suelo público o que expropie el suelo necesario que esté en manos privadas para la edificación. Además, se exige el diseño de infraestructuras (aeropuerto, AVE, más carreteras,…) que permitan un rápido y fácil acceso al complejo por parte de los turistas.
- El Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería, con el fin de precarizar las relaciones laborales y dar un trato preferente en la contratación precaria de fuerza de trabajo extranjera.
- La Ley de Seguridad Social y las leyes que regulan los impuestos de actividades económicas, sociedades, sobre la renta, sobre el juego o sobre construcciones, para conseguir la exención de todos los impuestos durante al menos dos años.
- La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, para facilitar este en los casinos, y la Ley de Enjuiciamiento Civil, para evitar problemas legales por las deudas de juego.
- Además, se exige una ley que declare el proyecto como de interés autonómico y le otorgue la exclusividad del negocio y otras ventajas fiscales por 10 años, autorice licencias sin concurso y cree un régimen de juego y comercial excepcional.
- Asimismo se pide la anulación de la Ley antitabaco y permitir la entrada de menores de edad a los casinos.
Al igual que sucede con los discursos que legitiman el establecimiento de maquilas en los países del Sur, el “chantaje del empleo” es la idea que con más fuerza las administraciones pretenden instalar para evitar resistencias. Sin embargo, no hay ni una palabra de la calidad de estos supuestos trabajos: ¿temporalidad? ¿derechos laborales y sindicales? ¿salarios? ¿cualificación? Además, se omiten los impactos locales (construcción de infraestructuras que aumentarían la contaminación, destrucción de condiciones naturales del entorno,…) y no se habla del aumento exponencial de las necesidades de recursos como el agua y de la generación de residuos, que profundiza un modelo de turismo, transporte y construcción insostenibles.
La propuesta que nos hacen para salir de la crisis, es profundizar en el avance del capitalismo salvaje, usando recursos comunes y bienes públicos para hacer negocios privados, deteriorando además el medio ambiente. Por eso no queremos este tipo de proyectos, ni en Alcorcón ni en ninguna parte del mundo. No se puede salir de la crisis profundizando en el modelo que nos condujo a ella. Es necesaria una transformación radical de los procesos socioeconómicos y ajustarlos a las necesidades básicas sociales y las posibilidades de la biosfera. Por todo ello es necesario juntarnos todas las voces críticas con este proyecto, para evitar que esta amenaza a los ámbitos legales, laborales, fiscales, ambientales,… se haga realidad.
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