En 1999 el Ayuntamiento de Alcorcón, gobernado por una coalición de PSOE-IU encabezada por Jesús Salvador Bedmar, aprueba un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contempla en el norte de Alcorcón 466,9 hectáreas de Suelo No Urbanizable Protegido (por su valor paisajístico, forestal, natural, por afección de cauces y vaguadas, por afección de vías pecuarias), lo que supone un 13,86 del municipio.
Sin embargo, en 1998 se había creado el Foro Ciudad, un espacio de debate entre el ayuntamiento y diversas entidades sociales y privadas (desde asociaciones de vecinos hasta Alonso Hipercas) presidido por Enrique Cascallana, desde el que se afirmó que los Planes Generales no son un instrumento adecuado para que los Ayuntamientos desarrollen su crecimiento urbanístico, proponiéndose la urbanización del norte de Alcorcón bajo el proyecto de Parque del Milenio que incluiría zonas de negocios, de empresas tecnológicas, una villa universitaria, una ciudad jardín con viviendas de lujo y un anillo verde.
Por su parte, la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP encabezado por Alberto Ruiz Gallardón, exigió en 1999 al Ayuntamiento de Alcorcón que subsanara el PGOU en lo relativo a la justificación de la declaración del suelo no urbanizable protegido.
Poco después, a finales de 1999 entra el PP a gobernar el ayuntamiento de Alcorcón. El nuevo alcalde, Pablo Zúñiga, promueve la revisión del PGOU de 1999 rebajando la construcción de viviendas de protección en el Ensanche Sur y recalificando los terrenos del norte de Alcorcón para construir 33.000 viviendas. El ayuntamiento contrató a Leopoldo Arnaiz para redactar la revisión del PGOU, al mismo tiempo que este suscribió contratos privados con los propietarios del suelo (como el presidente del grupo de empresas Alonso - Juan Benigno Alonso Alarcón - que adquirió una opción de compra de los terrenos de Venta de la Rubia), lo que condujo a que la fiscalía de Madrid se querellara contra dicha trama especulativa en la que los intereses privados eran respaldados por las instituciones públicas.
Las elecciones municipales de 2003 dieron el gobierno de Alcorcón al PSOE, al mismo tiempo que en la Comunidad de Madrid, dos diputados socialistas desertaron de su partido provocando la repetición de las elecciones autonómicas, poniendo en evidencia el poder de los intereses urbanísticos especulativos para promover un cambio de gobierno en la comunidad.
El nuevo gobierno de Alcorcón de PSOE-IU, encabezado por Enrique Cascallana dejó sin efecto la subsanación y revisión del PGOU de 1999, siendo recurrida dicha decisión por los propietarios del suelo del norte de Alcorcón, que crean en 2004 la Comisión Gestora Ciudad Norte. Finalmente el convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Alcorcón, los propietarios del suelo y el Club Atlético de Madrid el 2 de diciembre de 2005 promueve, como intentó el anterior gobierno municipal del PP, revisar de nuevo el PGOU de 1999 y reclasificar el norte de Alcorcón como suelo urbanizable sectorizado (a desarrollar en un Plan Parcial Único), previendo la construcción de 25.000 viviendas, unas 10.000 libres.
Por tanto, nos encontramos con que tanto el anterior gobierno del PP como el actual gobierno de PSOE-IU han cedido a los intereses especuladores, urbanizadores y constructores de los principales propietarios del suelo del norte de Alcorcón, entre los que se incluyen más de 30 entidades inmobiliarias (como Metrovacesa, Urbanizadoras Valdepolo, Acciona Inmobiliaria, Vallehermoso,…). Así, para Francisco Diaz Moñux, director del área inmobiliaria del Grupo de Empresas Alonso, en declaraciones a la Asamblea de Madrid a propósito de la Comisión de Investigación creada a raíz de la crisis que la deserción de dos diputados del PSOE provocó en 2003, consideraba respecto a los terrenos del norte de Alcorcón que “el planeamiento dirá lo que quiera, pero es urbano, de facto es urbano, y si no lo es hoy, lo será mañana”. Sin embargo, esta visión es compartida por todos los grupos políticos con representación en la asamblea de Madrid. Así, Luis Suárez Machota de IU reconocía la presión urbanizadora sobre el norte de Alcorcón al afirmar que “el Ensanche Norte, tarde o temprano, se va a urbanizar porque está (…) entre la 511, la M-40, la M-501 y la Nacional V (…). Al final, ahí queda un globo que o lo hacemos casa de campo, o al final, acaba siendo el ensanche del siglo XXI”.
Más allá de la diferente denominación del proyecto del PP (Ensanche Norte) y el del PSOE (Área Norte), y de las formas diferentes de urbanización (apuesta por una urbanización más densa y mayor y por un uso residencial de lujo en el caso del PP, mientras que el PSOE presenta un proyecto no exclusivamente residencial, sino también de desarrollo empresarial, con mayor cantidad de vivienda social y zonas verdes), tanto PP como PSOE han apostado por dejar al municipio de Alcorcón sin suelo no urbanizado, cediendo a intereses inmobiliarios privados, obviando los principios de un urbanismo sostenible tales como contemplar la vivienda como un bien de uso y no de cambio, evitar la urbanización de nuevos suelos y apostar por la participación ciudadana en la planificación urbanística. Y la diferencia puede ser que lo que no consiguió el PP, lo consiga PSOE-IU.
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